Queridos delegados,

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Resumen del comité:
    OEA o Organización de los Estados Americanos, es una organización fundada en 1948 que promueve un orden de paz y justicia en los 35 Estados de América en ella. También tiene como objetivo promover la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia. OEA se compone de todos los países ubicados en América, salvo la Guayana francesa. Su mayor propósito es unir y fortalecer los 35 Estados Americanos de los que OEA está compuesto.

Resumen del tema:
    En las últimas semanas, en acumulación de todo el alboroto sucedido desde abril, las fuerzas del presidente Daniel Ortega han lanzado una ola de represión, contra los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación periodísticos, que está asfixiando lo poco que queda de la democracia en Nicaragua.

    El gobierno recientemente corrió a nueve grupos de la sociedad civil de su posición legal y se apoderó de sus activos. Las organizaciones de noticias que critican a la administración de Ortega han sido cerradas, y algunos editores han sido acusados ​​de delitos como la conspiración para cometer actos terroristas; esto con el propósito de eliminar toda disidencia política, y llevar a cabo un régimen a base de terror, 100% unilateral.

    Esta surgida represión marca una nueva etapa en los esfuerzos del gobierno por destruir un movimiento protestante, que comenzó en abril y evolucionó a una serie de manifestaciones gigantescas para exigir la renuncia de Ortega. La policía y las fuerzas paramilitares respondieron con armas de fuego contra los manifestantes. Según la comisión de la OEA, 324 personas han muerto en el levantamiento, pero el gobierno calcula el número de muertos en 198, incluyendo 21 policías.

    En diciembre, un panel de investigadores independientes, nombrado por la OEA, concluyó que las acciones cometidas por las fuerzas de seguridad de Nicaragua, bajo el mandato de Ortega, podrían considerarse crímenes contra la humanidad. Pidieron una investigación de Ortega, señalando que la campaña sostenida por parte de la policía nacional sólo podría ser producto de decisiones por los líderes de máxima autoridad del país. También pidieron a una investigación hacia la dirección de la policía y el poder judicial. El gobierno expulsó a los investigadores del país poco antes de que se emitiera el informe, usando como explicación que los investigadores estaban ignorando la violencia mortal de los manifestantes.

Durante meses, el gobierno ha perseguido a las personas directa e indirectamente involucradas en las manifestaciones, arrestando a más de 400 y provocando que miles huyan del país. Ahora, su campaña se ha extendido a ir en contra de las organizaciones noticiosas y grupos sin fines de lucro, que apoyan o simpatizan las protestas.

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Su director,

Josemaria Hernandez